lunes, 14 de noviembre de 2011

Tema 9. Decretos y preceptos singulares (cáns. 48-58)

       Decretos y preceptos singulares (cáns. 48–58)



            Los decretos singulares son el primer tipo de actos administrativos singulares que nos presenta el Código; los preceptos, por su parte, son  una especie dentro de los decretos singulares.

1.  Los decretos singulares.


      1.1. Naturaleza (cáns. 48 y 52)


            a) Es un acto administrativo singular (can. 48)

            El decreto singular es un acto administrativo singular, realizado por la autoridad ejecutiva competente, y dirigido a un sujeto singular. La diferencia específica con el acto administrativo singular está en su finalidad: son actos administrativos singulares a través de los cuales se toma una decisión o se hace una provisión para un caso particular.

            El decreto singular es realizado por la autoridad ejecutiva, por propia iniciativa, sin necesidad de un pedido previo por parte del interesado. Esto no es impedimento para que pueda preceder una petición del interesado y, posteriormente, la autoridad ejecutiva emita el decreto singular[1].

            b) Es un acto administrativo personal (can. 52)

            El decreto singular, en su naturaleza, no es solamente un acto administrativo singular (afecta solo a las cosas y personas a las que se dirige), sino que también es personal, salvo que conste lo contrario. Es decir, obliga a las personas para las que ha sido dado con independencia del lugar donde se encuentren, salvo que se diga expresamente algo distinto.


            1.2. Derechos del interesado y de terceros (can. 50)


            La autoridad ejecutiva, al realizar un decreto singular, ha de tener presente que no se lesionan los derechos del interesado (de aquel que recibe el decreto) y de terceros que puedan verse afectados por el decreto[2]. Para ello, según la normativa universal, la autoridad ejecutiva:
  1. deberá reunir la información[3] y las pruebas[4] necesarias para conocer la situación que se verá afectada por los efectos jurídicos del decreto singular.

  1. en la medida de lo posible, también deberá oír[5] a todos aquellos cuyos derechos puedan verse afectados por el decreto.

            Las informaciones y pruebas pueden ser necesarias para cumplir las exigencias legales para la validez del decreto singular, evitando así su impugnación[6].


      1.3. Estructura legal (can. 51)


            El decreto singular debe respetar la estructura legal de los actos administrativos singulares[7], y cumplir con la forma legal específica que se le asigna: debe realizarse por escrito y debe exponerse, al menos sumariamente, los motivos que lo fundamenta[8]. La carencia de motivación no afecta a la validez del decreto singular, pero sí a su licitud; también le hace que sea más fácil su impugnación por vía administrativa[9].


            1.4. Decretos singulares contradictorios (can. 53)


            Si se presentan dos decretos singulares contradictorios regulando sobre el mismo caso particular o sobre la misma persona, la norma canónica nos presenta dos criterios, de aplicación sucesiva, para resolver el conflicto:

  1. El decreto singular más peculiar prevalece sobre el más general, en aquello que establece con más peculiaridad. Es decir, prevalece el decreto que establece determinaciones más detalladas, poniendo así en evidencia la intención de la autoridad de afectar a una situación determinada o a una persona concreta.

  1. El decreto singular posterior deroga al anterior, solo en lo que tiene de contradictorio con el decreto anterior.

            1.5. Entrada en vigor del decreto singular (can. 54)


            El decreto singular existe desde el mismo momento de su emisión por la autoridad ejecutiva competente,  aunque sus efectos jurídicos no son inmediatos.

            Si se trata de un decreto singular emitido de forma graciosa por la autoridad ejecutiva competente, sin necesidad de ejecución, tendrá eficacia jurídica desde el momento en que es intimado[10] con documento legítimo a sus destinatarios. En cambio, si se trata de un decreto singular realizado en forma comisoria[11],  sus efectos jurídicos surgen en el mismo momento de la ejecución del decreto singular.


            1.6. Modos de notificación y de citación (cáns. 55 – 56)


            a) Modo de realizar la  notificación (can. 55)

            La notificación de un decreto singular se hace, de modo ordinario, entregándose al destinatario una copia escrita auténtica del mismo, con la motivación sumaria, si se trata de una decisión[12].

            De modo extraordinario, cuando el autor o el ejecutor considera que existen razones o causa gravísima por las que no sea conveniente la entrega a los destinatarios de copia del decreto para su notificación, entonces se procede a la lectura del decreto singular ante el destinatario, en presencia de un notario o dos testigos[13], levantándose acta que firman todos los presentes. Si el notificado se niega a firmar, son válidas las firmas del que lo notifica y del notario o los dos testigos.

            b) El modo de realizar la citación (can. 56)

            Si se cita debidamente al destinatario para notificarle un decreto singular, ya sea con la forma ordinaria o la forma extraordinaria, y el mismo no acude a la citación o si acude se niega a firmar la notificación, sin aducir causa justa para su ausencia o para no aceptar la notificación, se considera que ha sido legítimamente intimado.


            1.7. El decreto automático y el silencio administrativo (can. 57)


            Este es un canon novedoso respecto al anterior Código/1917. Podríamos decir, con lenguaje figurado, que la normativa del canon quita a la autoridad del arma del silencio administrativo, ya que al mismo le da efectos  jurídicos.

            En ocasiones, la autoridad ejecutiva está obligada a emitir un decreto singular ante la petición de un fiel[14]; en otras, la norma canónica obliga a la autoridad ejecutiva a dar un decreto singular, para que los fieles puedan realiza válidamente un acto jurídico[15].

            Si la ley prescribe que la autoridad ejecutiva debe dar un decreto singular, o un particular solicita legítimamente una petición que debe ser respondida con un decreto singular, la autoridad competente tiene el deber de emitir dicho decreto singular en el plazo de tres meses. Si transcurrido dicho plazo, la autoridad no ha dado el decreto singular, se ha de entender como si hubiera emitido un decreto negativo, por lo que los interesados podrán realizar los reclamos establecidos por el derecho para los actos administrativos[16].

            La respuesta negativa de la autoridad, por omisión de emitir el decreto singular, no le exime de la obligación de dar el decreto, así como de la responsabilidad de reparar los daños, a tenor del can. 128, ocasionados por la omisión del decreto.


            1.8. Revocación del decreto singular (can. 58 § 1)


            El legislador, como ya estableció para los actos administrativos singulares[17], regula el modo de realizar la revocación del decreto singular, que es doble:

  1. Por parte del autor o de la autoridad ejecutiva competente. La autoridad ejecutiva puede revocar un decreto singular por otro posterior. Esto supone que la autoridad ha hecho una nueva evaluación del caso y toma una nueva decisión, distinta al decreto singular anterior. El nuevo decreto tendrá efecto desde el momento de su notificación al destinatario[18].

  1. Por cesación de la ley que dicho decreto está ejecutando. La revocación afectaría al decreto singular que tiene como finalidad directa y principalmente la aplicación de una ley, y no en los casos en los que el decreto singular realiza la provisión de determinados oficios establecidos por la ley[19].

            1.9. Jerarquía de las normas que regulan los decretos singulares


            El principio jerárquico que hay que aplicar a todas las normas que regulan un instituto jurídico es simple, y siempre la misma: hemos de partir de las normas específicas y avanzar hasta las normas más generales, llegando si fuera necesario, a los principios filosóficos y teológicos que sostienen el ordenamiento canónico[20]
           

2. Los preceptos singulares.



            Los preceptos singulares son un modo especial de los decretos singulares, por lo que se rigen, según lo ya explicado, por los cánones 48 – 58, aunque tienen algunas normas específicas que a continuación desarrollamos:

            2.1. Naturaleza y elementos constitutivos (can. 49)


            El precepto singular es un decreto singular, realizado por la autoridad ejecutiva competente, y dirigido a un sujeto singular, cuya finalidad específica es imponer a una persona o a un grupo determinado de personas el hacer u omitir algo, especialmente para urgir el cumplimiento de una ley.

            La imposición de la obligación de hacer u omitir algo puede ir acompañada de la conminación de una pena si se desobedece el precepto. En este caso se llamaría precepto penal[21].


            2.2. Estructura legal (can. 58 § 2)


            A diferencia de los decretos singulares, los preceptos singulares que no han sido emitidos con un documento legítimo, porque fueron dado oralmente, cesan cuando cesa la potestad de la autoridad que los dio.

            La eficacia de un precepto singular dado oralmente es muy limitada, pues la autoridad que lo dio no puede urgir su cumplimiento por vía jurídica en el fuero externo, ya que no tendrá documento legítimo alguno y tampoco la constancia escrita de la notificación realizada.
           



[1] Sería el caso de la elección que necesita la confirmación de la autoridad, que debe ser pedido por el propio elegido (cf. can.179 § 1), o el decreto de enmienda o revocación de un acto administrativo singular, que debe ser pedido por escrito por el propio perjudicado (cf. can. 1734).

[2] Como ya hemos indicado en el tema anterior, el decreto singular, como todo acto administrativo singular, no tiene capacidad para lesionar derechos adquiridos de terceros si no está realizado por una autoridad ejecutiva que tenga al mismo tiempo potestad legislativa, y que incluya en el decreto una cláusula expresamente derogatoria o abrogatoria de esos derechos.
[3] Las informaciones permiten conocer con el mayor detalle posible las circunstancias, condiciones y situaciones de las personas afectadas por el decreto singular.

[4] Las pruebas son necesarias cuando para emitir un decreto se necesita tener certeza sobre los hechos o circunstancias, como puede ser el imponer una pena canónica,  vía decreto, por un delito cometido.

[5] El oír a los que verán lesionados sus derechos por el decreto singular, ayudará a la autoridad ejecutiva a no cometer injusticia y, por tanto, evitará futuros conflictos e impugnaciones del decreto singular, a tenor del can. 1737.

[6] Así, por ejemplo, solamente pueden ser nombrado para «cura de almas» aquellos que han recibido el orden del presbiterado (cf. can. 150), por lo que el Obispo diocesano debe cerciorarse de que el interesado cumple esta condición a fin de no emitir un decreto inválido.

[7] Cf. cáns. 35 – 47  

[8]  La motivación de un decreto consiste en la exposición de los fundamentos de derecho, los hechos y razones que llevan a tomar una decisión en un sentido u otro.

[9] El recurso contra los decretos administrativos se encuentra en los cánones 1732 – 1739. 

[10] La intimación es un acto de la autoridad, que consiste en comunicar o notificar, por escrito, al interesado el contenido del decreto singular, exigiéndole su cumplimiento.

[11] Ya sabemos que un acto administrativo realizado en forma comisoria consiste cuando el autor del mismo encarga a un comisionado o ejecutor su ejecución.

[12] Cf. cáns. 37 y 51

[13] Se dice “un notario o dos testigos”, ya que el notario es un testigo cualificado, cuya presencia se considera suficiente.
[14] Por ejemplo, quien ha sido elegido en una elección canónica legítima para desempeñar una función, si cumple con las condiciones canónicas de idoneidad, y solicita a la autoridad su confirmación, ésta tiene el deber de emitir su confirmación, a tenor del can. 179 § 2.

[15] Por ejemplo, hace falta la licencia de la autoridad ejecutiva para realizar válidamente la enajenación de algunos bienes eclesiásticos, a tenor del can. 1291.

[16] Cf. cáns. 1732 – 1739

[17] Cf. can. 47

[18] Cf. Idem.

[19] Por ejemplo, si cesara la ley actual sobre el nombramiento y funciones de los párrocos, y se cambiara por otra, esto no supone que los párrocos nombrados hasta entonces pierdan su condición, obligaciones y derechos. Los decretos singulares de nombramiento de párrocos tienen  como finalidad la provisión del oficio de párroco conforme a la ley, y no la aplicación de la ley, por lo que la cesación de la ley no supone la revocación de los nombramientos y pérdida del oficio de párroco.
[20] Así pues, el recorrido que hemos de realizar es el siguiente: 1º) Las normas específicas de los decretos singulares (cáns. 48 – 58); 2º) Las normas comunes a los actos administrativos singulares (cáns. 35 – 47); 3º) Todas las normas contenidas en el Libro I del Código; 4º) Todas las normas del Código; 5º) Los principios jurídicos, filosóficos y teológicos del ordenamiento canónico.

[21] El precepto penal, dentro de la fase constitutiva de la pena, tiene la finalidad de conminar al fiel al cumplimiento de una ley, bajo amenaza de la pena, a tenor del can. 1319; en cambio, el decreto penal tiene la finalidad de aplicar una pena ferendae sentenciae o de declarar una pena latae sentenciae, a tenor del can. 1342. 

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